Si usted comete una infracción de tráfico grave o muy grave en las calles de Barcelona, Madrid, A Coruña, Sevilla, o en otras 37 capitales de provincia le quitarán puntos del carné, si hace lo mismo en León, Cuenca, Huelva, San Sebastián, Burgos, Guadalajara, Jaén, Vitoria o Huelva, no. Son los ayuntamientos rebeldes más destacados, los que se escaquean de enviar los datos a la Dirección General de Tráfico (DGT) cuando las sanciones son firmes e impiden así que el sistema informático central pueda descontar a los infractores los puntos correspondientes del permiso de conducir. Entre las nueve ciudades suman casi 1,1 millones de habitantes.
Existen incluso provincias en las que todas las poblaciones están fuera del sistema. Ningún ayuntamiento de Burgos, Guadalajara y Huesca tocan el saldo del carné de sus vecinos.
Estas capitales de provincia díscolas, que cobran a sus ciudadanos las multas pero dejan impunes a los infractores que circulan por sus calles en lo que se refiere al descuento de puntos, tienen a su alcance la tecnología para cumplir la normativa; simplemente no lo hacen por falta de voluntad. Y han tenido tres años para hacerlo. Con ello, fomentan dos categorías de ciudadanos dependiendo de su lugar de residencia: los que sí pierden puntos y aquellos que, hagan lo que hagan, conservan intacto su saldo.
Por ejemplo, al no transmitir las sanciones graves o muy graves cometidas en sus calles y travesías, los ciudadanos de estas zonas urbanas lo han tenido más fácil a la hora de recibir los dos puntos extra entregados el 1 de julio a aquellos conductores que no hubiesen perdido ninguno en los tres años de funcionamiento del carné por puntos.
Según ha podido saber EL PAÍS, además de estas capitales, decenas de grandes poblaciones tampoco están haciendo sus deberes. Es el caso de Cartagena (210.300 habitantes) o de grandes ayuntamientos del cinturón rojo de Madrid, como Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada o Getafe, poblaciones en las que viven casi 700.000 personas. Los habitantes y conductores de Alcalá de Henares también se benefician de la amnistía de puntos. Esta ciudad madrileña tiene censadas a 203.000 personas. Tampoco saben lo que es perder un punto quienes circulan por Fuengirola, con 63.000 habitantes, y que en verano alcanza los 250.000.
Otras capitales se han incorporado hace muy poco tiempo al sistema, como Oviedo (220.600 habitantes). Curiosamente, Avilés y Gijón, ciudades vecinas de la capital de Asturias, sí descuentan puntos casi desde que se puso en marcha el nuevo permiso. Existe otro grupo, el de los ayuntamientos que sí quitan puntos, pero con cuentagotas; cantidades que se pueden considerar casi simbólicas si se atiende a su población, como es el caso de Toledo. Con un censo de casi 81.000 personas, sólo ha comunicado a la DGT medio centenar de sanciones que conllevan descuento de puntos.
En el ránking de las ciudades que más denuncias firmes transmiten al cerebro informático central que controla el saldo de cada conductor están Madrid (con 136.000). En segundo lugar, con unas 33.000, se encuentra Zaragoza. Cerca se sitúan Málaga, Barcelona y Pamplona. La comunidad autónoma que tiene el nivel más alto de consistorios conectados es Cataluña; mientras que Canarias se sitúa a la cola.
Según fuentes policiales y de la Administración, el 95% de la población española está bajo el paraguas del carné por puntos, ya que en las carreteras las sanciones las imponen la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza. En las zonas urbanas, de los 8.200 ayuntamientos existentes, unos 6.000 están dentro del sistema porque sus calles también son competencia del instituto armado. De los otros 2.800 consistorios, la inmensa mayoría está descontando puntos, ya que tienen cedida la gestión de las multas a organismos supramunicipales, como las diputaciones. La Diputación de Barcelona, por ejemplo, hace estas gestiones para unos 180 municipios.
Consultadas por esta situación, fuentes de la DGT consideran que la actitud de los ayuntamientos insumisos es especialmente grave en capitales de provincia «porque son el espejo en el que se mira el resto de los municipios» y porque en tres años no han hecho ningún esfuerzo por adherirse al descuento de puntos.
Las mismas fuentes reconocen que en este asunto poco pueden hacer porque se topan con la autonomía municipal. No obstante, y ante la resistencia de importantes núcleos, consideran que es el momento de tomar alguna medida para meter en cintura a estos díscolos (que, por cierto, están gobernados por partidos de todos los colores políticos).
Una de las formas de presión que se baraja es restringir el uso a ciertos servicios a los consistorios que no colaboren. Tráfico ha firmado recientemente con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un convenio para que los ayuntamientos puedan tener acceso total (hasta ahora estaba muy limitado) a los registros de conductores y de infractores, lo que permite a las policías municipales y los departamentos responsables de la tramitación de sanciones de tráfico gestionar de forma más eficaz todas las notificaciones y los cobros.
Es probable que los pueblos y ciudades que no resten puntos y que no envíen información sobre los accidentes de tráfico en sus calles no puedan usar a pleno rendimiento estas herramientas. Además, la DGT advierte: «Los responsables municipales estarán en apuros cuando tengan que explicar accidentes y atropellos, porque no han hecho los deberes para mejorar la seguridad vial en sus calles».
Fuente: El País
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