Plataforma por Andalucía Oriental: Nueva Comunidad Autónoma para reducir el gasto

Nota de la Plataforma por Andalucía Oriental:

Según la Plataforma por Andalucía Oriental, asociación que promueve una comunidad autónoma para las provincias orientales de Andalucía, es posible una reducción en el gasto público mayor que la que ha propuesto el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.

Para ello nos basamos en el modelo que proponían las Bases para la Elaboración del Estatuto de Autonomía para Andalucía Oriental publicadas en 1924: una organización autonómica para la Región de Andalucía Oriental basada en una mancomunidad de diputaciones provinciales. En este sistema los diputados provinciales compondrían el parlamento autonómico. Además los mismos diputados provinciales gestionarían la administración de la Junta en las provincias (actuales delegado del Gobierno andaluz y delegados de consejerías). Con lo cual sería considerable el ahorro en representación, dietas, sueldos, asesores, etc.

Respecto a la supuesta descentralización que plantea el señor Griñán, rescatamos una propuesta adelantada a su tiempo ya que las citadas Bases se publicaron en el año 1924. Éstas propusieron que  el gobierno de la comunidad autónoma tuviera carácter rotatorio, visitando todas las provincias de la región autónoma, sistema parecido al que ahora utiliza la Unión Europea. Las consejerías y demás órganos de poder estarían distribuidos equitativamente por la geografía de toda la región, beneficiando de esos puestos de trabajo y riqueza a todos por igual. Esas propuestas podrían llegar a convertirse algún día en el “acercamiento del poder al ciudadano”.

El primer Estatuto de autonomía para Andalucía proponía que las diputaciones articulasen la gestión de la comunidad autónoma en cada provincia, lo que habría evidenciado la diversidad de una autonomía que, a nuestro entender, nunca se tenía que haber constituido con las ocho provincias sino con “las de nuestra región”. En línea con la articulación provincial propuesta, se publicó una Ley autonómica de relaciones entre la comunidad autónoma y las provincias (11/1987). Ahí se quedaron las supuestas intenciones. Para evitar ese reconocimiento a las provincias se crearon  las delegaciones provinciales, originando un centralismo semejante al que se pretendía destituir, con lo que se crearon muchos más cargos públicos y duplicidad de administraciones que llevarían a un aumento exponencial del gasto público.

De esta forma observamos cómo el nuevo Estatuto de autonomía para Andalucía de 2007 terminó de sentenciar a las provincias, dejándolas como espectadores del centralismo, que esta vez sí consiguió el reconocimiento de Sevilla como capital autonómica.

Nos resulta paradójico que lo que entró en vigor hace menos de tres años se está quedando más obsoleto que las Bases para la elaboración del Estatuto de Autonomía para Andalucía Oriental, con más de ochenta años de antigüedad.

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